Megaoperativo judicial por el “dólar blue”: Un amigo de De Paul, en el centro de la escena

Una nueva ramificación en la investigación sobre el mercado paralelo de divisas sacudió el lunes el exclusivo barrio de Olivos. El juez federal Ariel Lijo instruyó a la Policía Federal para llevar a cabo un allanamiento en la residencia de Alejandro Omar “El Turco” Calian, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentación. Calian, conocido por su cercanía al futbolista de la selección nacional Rodrigo De Paul, se encuentra bajo la lupa judicial en una causa que persigue la presunta facilitación de Sistemas de Importaciones de la República Argentina (SIRAs) a Elías Piccirillo, apodado el “Rey del Blue”, para ejecutar maniobras de “rulo financiero”. Este esquema habría permitido obtener dólares a la cotización oficial para luego venderlos en el mercado marginal, donde su valor llegaba a duplicarse durante la anterior gestión presidencial.

La medida judicial no solo puso a Calian en el centro de la escena. La orden de allanamiento, emitida por el magistrado Lijo, se extiende a la búsqueda de información vinculada con los cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo investigación, así como con el propio Piccirillo, Carlos Migueles –mediáticamente conocido por su relación con Wanda Nara–, Francisco Hauque y otros financistas del entramado. Asimismo, el radar judicial se posa sobre una veintena de casas de cambio y entidades bancarias, reflejando la amplitud de la pesquisa.

Esta compleja causa, cuyo secreto de sumario será levantado en breve tras varias prórrogas, ya habría identificado a cuatro empresarios que habrían efectuado pagos de sobornos equivalentes al 15 por ciento del valor de las SIRAs. Estas transacciones ilícitas se habrían concretado durante el período en que Sergio Massa ocupó la cartera de Economía, revelando una red de corrupción que facilitaba el acceso privilegiado a divisas. La magnitud de la orden de allanamiento subraya el profundo interés del juez Lijo en desentrañar cada capa de esta intrincada trama.

El expediente actual se desprende de una investigación previa de alto impacto, donde Elías Piccirillo habría sido partícipe en un incidente en el que se le plantó un kilogramo de cocaína y un arma a Francisco Hauque, simulando un operativo policial. En este contexto, un testigo clave se ha convertido en “arrepentido”: Carlos “El Lobo” Smith, ex jefe de custodia de Piccirillo. Smith ya ha brindado detalles cruciales sobre cómo se ejercía presión sobre funcionarios del BCRA para la obtención de SIRAs y cómo se canalizaban fondos para “la campaña electoral”. Asistido por el letrado Rodrigo González, Smith aguarda la finalización de nuevas pesquisas del fiscal Franco Picardi para ampliar su declaración como imputado colaborador, prometiendo más revelaciones.

El dictamen del juez Lijo fue preciso en su alcance, detallando la identificación y posterior secuestro de una amplia gama de dispositivos electrónicos. Entre los elementos incautados se incluyen computadoras, teléfonos celulares, tabletas, tarjetas SIM, discos externos y pendrives, buscando cualquier rastro digital que pueda arrojar luz sobre las operaciones investigadas, según trascendió de fuentes judiciales.

Las pruebas recabadas apuntan directamente a Romina García, funcionaria del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, quien, según la causa, habría hecho referencia a “entongados de arriba” en comunicaciones con Piccirillo. La investigación no la abarca solo a ella; otros cuatro integrantes de la cúpula de la autoridad monetaria están bajo la lupa: Diego Volcic, en su rol de inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; Fabián Violante, gerente principal; y María Valeria Fernández, supervisora, todos sospechados de facilitar la operatoria.

Estos funcionarios, al momento de los hechos, reportaban al superintendente Claudio Golonbeck, vinculado al expresidente del BCRA Miguel Pesce. Este último fue relevado por Juan Curuchet a fines de 2023, ya en la gestión de Santiago Bausili. Cabe recordar que la aprobación de las SIRAs, instrumentos clave para importar bienes a la cotización oficial del dólar, implicaba una coordinación entre el propio Banco Central, la Dirección General de Aduanas y la Secretaría de Comercio, entonces bajo la conducción de Matías Tombolini.

Este reciente operativo se inscribe en un marco de intensificación de la pesquisa, sumándose a casi una treintena de allanamientos previos. La causa ya cuenta con numerosos testimonios y análisis de dispositivos telefónicos aportados por los funcionarios imputados, delineando un panorama cada vez más completo de la red.

La investigación se expande y ahora incluye a Matías Ezequiel Bocca, exdirectivo de la agencia Free Change, con sede en Tigre. Esta casa de cambio ya había sido objeto de sanciones por parte del Banco Central en 2022, extendiéndose las penalizaciones a Marcela Yagüe, María Fernanda Sena Argis y Ovidio Rubén Bazán, además del propio Bocca. En 2023, la entidad monetaria aplicó multas millonarias a la firma, evidenciando un historial de irregularidades.

Entre los nuevos nombres que se suman al listado de investigados figuran Mariano Fabián Henaise y Valeria Fabiana Fernández. Sorprendentemente, Fernández no es ajena a las controversias, habiendo sido sancionada por el Banco Central en 2007 por irregularidades en su desempeño en la agencia de cambios Giovinazo.

El requerimiento de pruebas también incorpora los nombres de Eduardo Manuel Gil y Tomás Schulze. Cabe destacar que, a principios de este año, el Banco Central ya había intimado públicamente a integrantes de Arg Exchange, a Schulze, a Hernán Nion y al propio Elías Piccirillo, exigiéndoles explicaciones sobre presuntas maniobras cambiarias. Asimismo, durante el operativo se procuraron indicios relacionados con Ariel Germán Saponara, Gonzalo Roberto Calo y Fernando Ru…, indicando la vasta red de implicados en la mira judicial.