La Justicia investiga intentos del Jefe de Gabinete de influir en un testigo clave

Un verdadero cimbronazo sacudió los despachos del poder y generó intensos debates en la opinión pública esta semana, tras la declaración de Matías Tabar, el contratista responsable de las obras en la residencia campestre del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El testimonio de Tabar, brindado bajo juramento en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, reveló detalles escandalosos sobre la inversión y el manejo de fondos en la propiedad.

Según lo expuesto ante el fiscal Gerardo Pollicita, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habrían desembolsado una suma que asciende a los 245 mil dólares para la remodelación y redecoración de su casa en el country Indio Cua. Un dato que no pasó desapercibido y que resonó con fuerza es que, de acuerdo con el contratista, gran parte de estos pagos se realizaron en efectivo. La construcción de una cascada desde cero en la piscina de la propiedad se convirtió en un símbolo de la ostentación que rodea el caso.

Consciente del potencial impacto de las revelaciones de Tabar, el entorno del Jefe de Gabinete habría estado en alerta máxima. El contratista, lejos de limitarse a su relato verbal, aportó una profusa documentación que detalla los gastos y las tareas realizadas en la residencia. Pero el giro más significativo se produjo con la entrega voluntaria de su teléfono celular a la Justicia. Este dispositivo será sometido a un peritaje exhaustivo, ordenado por el juez Ariel Lijo, con el objetivo de recuperar mensajes, fotografías y audios que puedan ser de interés para la investigación y que prometen nuevas revelaciones.

Lo que podría emerger de ese análisis telefónico es el punto de mayor tensión. Se conoció que, días antes de su comparecencia judicial, el ministro coordinador habría intentado establecer contacto con Tabar para influir en su declaración. El constructor, quien no solo documentó los abultados gastos de la familia del funcionario (incluyendo 40 mil dólares en honorarios para él y su socio), también dejó constancia de al menos dos comunicaciones cruciales con Adorni, que ahora están bajo la lupa de los investigadores.

La Justicia baraja la hipótesis de que Adorni buscó moldear el testimonio de Tabar para mitigar posibles consecuencias penales en su contra. Accediendo al contenido de estas comunicaciones, trascendió una reconstrucción de los intercambios vía WhatsApp entre el funcionario y el testigo clave. Los primeros mensajes ya daban cuenta de las intenciones de Adorni de influir en el expediente que busca determinar si se enriqueció de forma ilícita.

El diálogo, que se habría iniciado tras un encuentro casual, rápidamente derivó hacia el tema judicial. En un momento álgido, Adorni le habría planteado a Tabar: “Che, quería hablar con vos por el tema de la declaración…” y añadió: “Sabé que podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado.” Incluso, el funcionario intentó contextualizar la situación con la frase: “Todo esto es político”, lo que generó incomodidad en el constructor, según fuentes cercanas al caso.

Tras esta conversación, Tabar habría buscado asesoramiento legal, posiblemente comprendiendo la delicada posición en la que se encontraba. Sin embargo, Adorni volvió a insistir en su intento de persuadir al contratista, con quien había mantenido una relación de aproximadamente diez meses durante las obras en su casa de Indio Cua. “Bueno, habíamos quedado que si necesitabas ayuda para declarar…”, le habría escrito. Ante esta renovada presión, Tabar habría optado por sincerarse, decidiendo aportar toda la información a la Justicia, sin ceder a las presuntas presiones.