El conflicto universitario llega a la Corte Suprema: ¿respiro para el Gobierno o antesala de una definición crucial?

La disputa por el financiamiento de las universidades públicas nacionales escaló a la máxima instancia judicial del país. El Gobierno nacional interpretó como un triunfo la decisión de una Cámara de Apelaciones que habilitó la intervención de la Corte Suprema en el litigio, mientras que el sector académico minimiza el movimiento y se prepara para una nueva y masiva movilización federal.

Desde la cartera de Capital Humano, se celebró la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dio luz verde a la presentación de un Recurso Extraordinario Federal. Este procedimiento traslada a la Corte la responsabilidad de pronunciarse sobre una medida cautelar previa, la cual obliga al Ejecutivo a acatar la ley de financiamiento universitario, cuya implementación el Gobierno venía incumpliendo, poniendo en vilo el funcionamiento de las instituciones educativas.

Sin embargo, el optimismo oficial podría atenuarse si el máximo tribunal decide rechazar el planteo, como ya sucedió con un “per saltum” que la administración nacional había impulsado para blindar su reforma laboral. En su presentación ante los supremos, la Procuración General de la Nación solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti se excusaran, alegando una posible parcialidad al ser profesores universitarios, y se convocaran conjueces.

La mencionada Cámara ya había dictaminado la suspensión de la ejecución de la ley en cuestión, luego de que un fallo de segunda instancia respaldara el reclamo de las 56 universidades públicas, representadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Un subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, a través de redes sociales, afirmó que la “ley de financiamiento universitario, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA”, y añadió que la decisión judicial implica la “suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema”. La ministra de la cartera replicó el mensaje.

Previamente, el mismo funcionario había señalado a las universidades de “extorsionar” al Gobierno, aunque más tarde reconoció por escrito la existencia de un fondo de 75 mil millones de pesos destinado a todas las casas de estudio, incluida la UBA, y que aún no había sido girado. Esta situación se suma a la controversia por los 2.5 billones de pesos (argentinos) que la ley sancionada en 2025 y ratificada por el Congreso –a pesar de los vetos presidenciales– obliga al Gobierno a transferir y que, según califican desde la UBA, nunca fueron abonados, configurando una “tautología” de incumplimiento.

La actual gestión había intentado derogar la norma a través del Presupuesto, sin éxito, y ante la presión judicial, se vio compelida a reglamentarla, aunque los pagos nunca se ejecutaron. Los rectores ya preveían que la Cámara daría lugar al pedido del Gobierno, pero mantienen la expectativa de un desenlace favorable tanto en el ámbito político como en la estrategia legal.

Para el titular del CIN, rector de la Universidad Nacional de Rosario, la decisión judicial es “tan solo un paso más del proceso”. Subrayó que “el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir y aplicar la ley consagrada por el Congreso”, y manifestó que la expectativa es que “tanto el camino judicial como el acompañamiento de la sociedad argentina, nos permitirán encontrar respuestas para los problemas graves que la universidad pública atraviesa.” En este contexto, ratificó la convocatoria a una nueva manifestación masiva en todo el país para el próximo 12 de mayo, en defensa de la universidad pública, anticipando una “contundencia histórica”.

En una reciente conferencia de prensa junto a gremios docentes y no docentes, se detalló que las universidades han sufrido una pérdida del 45,6% de sus ingresos desde el inicio de la actual administración nacional, evidenciando el profundo impacto de la política de desfinanciamiento.

A principios de año, delegados del Gobierno habían entablado negociaciones con referentes académicos para impulsar una nueva ley con menor impacto fiscal. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó debido a divisiones internas en el oficialismo y a la falta de impulso tras la denuncia de la UBA contra el Jefe de Gabinete por el incumplimiento de la norma vigente.

Para los docentes y gremios del sector, la resolución de la Cámara funciona como un “combustible” adicional de cara a la nueva marcha interuniversitaria prevista para el próximo jueves 12 de mayo, en lo que promete ser una jornada de gran visibilidad y presión social.