El Senado aprieta y frena las nominaciones judiciales de Milei: Exigen equilibrio federal y pliegos para el interior

El Senado aprieta y frena las nominaciones judiciales de Milei: Exigen equilibrio federal y pliegos para el interior

La hoja de ruta del gobierno de Javier Milei para consolidar su presencia en el Poder Judicial se ha encontrado con un inesperado obstáculo en el Congreso. Un conjunto de senadores, mayormente del PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales, identificados como el bloque “dialoguista”, ha congelado el avance de un paquete crucial de nominaciones, frenando la firma de despachos que habilitarían el tratamiento de casi medio centenar de candidatos propuestos para cubrir vacantes judiciales.

En la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto, los legisladores mencionados se niegan a rubricar los dictámenes de unos 47 pliegos de jueces, fiscales y defensores que ya han superado la instancia de audiencias públicas. A pesar de que el oficialismo mantiene la esperanza de que estas nominaciones sean aprobadas en el recinto la próxima semana, los “dialoguistas” han condicionado su respaldo a la presentación de una nueva tanda de candidatos que incluya postulantes para los fueros del interior del país.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ejercido presión sobre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que remita con celeridad esta nueva nómina de pliegos, reclamada insistentemente por la “oposición amiga”. Se anticipaba que estas nuevas propuestas ingresarían al Senado en la tercera jornada de audiencias públicas, durante la cual quince postulantes enviados por el Poder Ejecutivo defendieron sus credenciales.

Este pulso legislativo se desarrolla en un clima de tensiones internas en el oficialismo, exacerbadas por la polémica en torno a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien la situación generó un cruce público entre Bullrich y Karina y Javier Milei –con la ministra exigiendo la presentación de la declaración jurada de Adorni y el Presidente saliendo en respaldo de su funcionario–, la negativa de los senadores a avanzar con los pliegos judiciales no se vincula directamente con este escándalo. La verdadera motivación reside en la demanda por un reparto federal equitativo, dado que, hasta la fecha, todas las nominaciones presentadas corresponden a tribunales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el bloque de la UCR, que comanda el senador correntino Eduardo Vischi, se ha enfatizado la necesidad de agotar las tandas de pliegos actuales y, posteriormente, aguardar la llegada de nuevos candidatos que satisfagan las necesidades de los juzgados en las provincias, marcando una clara distancia con las urgencias del oficialismo.

Informaciones parlamentarias confirman que, hasta el momento, el único pliego que cuenta con la firma de un dictamen favorable es el del juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El magistrado aspira a continuar por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal, ya que en noviembre alcanzará la edad límite de 75 años para el ejercicio de la magistratura.

En el seno de la Comisión de Acuerdos, únicamente los representantes de La Libertad Avanza han estampado su rúbrica en los dictámenes. A ellos se suman la senadora radical Mariana Juri, alineada con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y en algunos casos específicos, la misionera Sonia Rojas Decut, que responde al influyente Carlos Rovira.

Por el contrario, aún aguardan sus firmas figuras relevantes de la Cámara alta, como el marplatense Maximiliano Abad (UCR), el misionero Martín Goerling (PRO), el correntino Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), la tucumana Sandra Mendoza (Convicción Federal), cercana a Osvaldo Jaldo, y la salteña Flavia Royón, quien sigue la línea política de Gustavo Sáenz.

Con un matiz de ironía, voceros del oficialismo se quejan de que, justo en el momento de proceder a las firmas de los despachos, los senadores “dialoguistas” suelen ausentarse de la comisión, dejando en el aire el destino de las propuestas judiciales del Ejecutivo.