En la Sala de Comisiones del Senado, ubicada en el segundo piso de la Casa de Gobierno, se llevó a cabo un encuentro encabezado por Nancy Miranda, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y Juan Pablo Cosso, titular de la comisión de Legislación General. A la reunión asistieron los senadores Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Gladys Domínguez, Rafael Cavagna, Patricia Díaz, Claudia Silva, Víctor Sanzberro, Juan Conti y Gustavo Vergara.
Durante casi dos horas, los legisladores escucharon las modificaciones propuestas a varios artículos del proyecto y dialogaron sobre las mismas. Al finalizar, Miranda señaló que se está trabajando sobre las propuestas de los diferentes bloques, en coordinación con el Ejecutivo y cada uno de los legisladores. Cosso, por su parte, explicó que se retomó el debate para evitar la votación inmediata del texto tal como había llegado de la Cámara de Diputados, accediendo a seguir trabajando en las enmiendas.
Entre los puntos debatidos se encontraron las presentaciones de declaraciones juradas de los funcionarios, incluyendo el contenido sobre bienes, activos financieros, muebles e inmuebles, así como la ampliación de los sujetos comprendidos. Asimismo, se consensuó la regla del doble conforme para la parte conocida como ficha limpia.
El titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos comunicó que las modificaciones planteadas serán analizadas por el oficialismo y que la semana próxima se volverán a reunir para intentar consensuar un dictamen conjunto. Cabe recordar que el proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública, elaborado por el Poder Ejecutivo, cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y consta de 42 artículos.
La iniciativa reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos, con el objetivo de regular las normas de conducta en el ejercicio de la función pública, brindando publicidad, transparencia y ficha limpia. Establece deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes, sin perjuicio de normas especiales. El texto ordena un régimen de declaraciones juradas patrimoniales y prohíbe recibir regalos, obsequios o donaciones con motivo del desempeño de las funciones.
Además, se establece la creación del Observatorio Asesor de la Ley de Ética Pública, que dependerá de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, y la Oficina de Ética Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno y Trabajo, como autoridad de aplicación para los funcionarios y empleados del Ejecutivo, sus entes y empresas del estado.