Con el barril de petróleo Brent alcanzando los US$105, las principales petroleras privadas que operan en Argentina comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles. Esta medida rompió el «buffer» de estabilidad que se mantenía desde mayo, trasladando la presión internacional del crudo a los surtidores y generando tensión en una economía con una inflación interanual superior al 30% en la canasta básica.
YPF, la empresa estatal, no se sumó de inmediato a los incrementos y mantuvo sus valores al cierre de la edición, aunque fuentes del sector no descartan que la compañía se acopte a la decisión del resto del sector en las próximas horas. El acuerdo previo establecía que, mientras el barril superara los US$80, las empresas absorberían parte del costo adicional para garantizar estabilidad hasta la equiparación de flujos de ingresos y costos.
El equilibrio se volvió inviable cuando el Brent superó los US$100, empujado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio derivadas de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán. La aplicación del aumento en la última semana del mes tiene una consecuencia técnica: el impacto en el índice de precios quedará dividido entre dos períodos de medición, diluyendo el golpe estadístico pero no el efecto real en el bolsillo de los hogares.
Los combustibles actúan como un factor de alto efecto multiplicador en la cadena de precios, incidiendo en el transporte de mercaderías, la logística de alimentos y el costo operativo de pequeñas y medianas empresas. Según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IIEP-UBA/CONICET), el rubro transporte acumuló una suba cercana al 900% desde diciembre de 2023, consolidando a los combustibles como un vector clave de la inercia inflacionaria.
La velocidad con que se traslada el aumento a los precios domésticos contrasta con la lentitud en el ajuste de otros indicadores en beneficio de trabajadores y consumidores. La ruptura del acuerdo ocurre en un contexto de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, eliminando mecanismos de control que funcionaban como amortiguadores frente a la volatilidad internacional, y plantea la duda sobre si el Estado intervendrá para amortiguar el impacto o si los precios se ajustarán según la lógica del mercado.