Con el riesgo país en 641 puntos, la actividad económica acumulando una caída de 2,9% en julio y la pobreza en alza, Javier Milei aterrizó en Francia para encabezar la Argentina Week y reunirse con Emmanuel Macron.
Mientras una comitiva oficial salió a buscar capitales en París, los últimos datos económicos y sociales de la Argentina exhiben una economía más frágil y un nivel de pobreza urbana que roza a un tercio de la población.
Javier Milei llegó el 30 de septiembre de 2026 a la capital francesa para encabezar la Argentina Week, una cita de atracción de inversiones que se ha extendido del 30 de septiembre al 2 de octubre y que reunió en su apertura en la sede de la OCDE, en el Château de la Muette, a una delegación de 13 gobernadores aliados, ministros y empresarios, con la promesa de una reunión en el Elíseo con el presidente Emmanuel Macron.
El viaje se ha desarrollado con un riesgo país en ascenso que ha marcado el pulso de la reacción de los mercados: el indicador medido por JP Morgan cerró en 641 puntos la víspera de la partida, el nivel más alto en lo que va de 2026, después de haber subido más de 100 puntos en apenas una semana.
El cuadro interno que acompañó la ofensiva de seducción en París ha sido el de una actividad económica en retroceso y una pobreza persistente: el INDEC informó el 24 de septiembre que el EMAE cayó 2,9% en julio de 2026 en términos desestacionalizados, el mayor descenso mensual en seis años, con una variación interanual de -1,4%, mientras que la pobreza urbana alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre, alrededor de 15,5 millones de habitantes, frente a lo cual el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la caída de la actividad a shocks transitorios como lluvias, nevadas y el Mundial, y Milei descalificó los indicadores oficiales al afirmar que estaban arrojando cualquier cosa.
La Argentina Week se ha desplegado en tres escenarios clave para el establishment económico internacional, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía y la Cámara de Comercio Internacional, donde los gobernadores llevaron como ejes productivos la minería, la energía, el agro, el turismo y la inteligencia artificial, mientras el oficialismo buscó proyectar al exterior un país con recursos estratégicos y un programa de estabilidad plasmado en el Presupuesto 2027, que prevé un tipo de cambio de 1847 pesos por dólar, una inflación del 18% y un crecimiento del 4%, en paralelo con la foto política que representó la agenda con Macron y que, según fuentes cercanas al Gobierno citadas por La
Nación, también se concibió como una forma de cambiar la agenda frente a un cúmulo de datos negativos que generó alarma interna.
Buela, culpable: Roma confirma abusos del fundador del Verbo Encarnado Sin tocar el fondo, la Corte habilitó la extranjerización de tierras que el Congreso no aprobó Caminata a Luján 2026: todo lo que tenés que llevar (y lo que no) para llegar sano a la Basílica Menos psicopedagogos, más policías: la escuela porteña deja de ser un lugar de cuidado Di Liscia, en terapia intensiva: otro golpe para una Discapacidad en crisis Milei lleva a la Corte su venganza contra Barrionuevo por el control de UTHGRA Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal tumbó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras por el DNU 70/2023, sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.
Los excombatientes de Malvinas denunciaron que la Corte “puso a la Argentina en venta”. Las tierras rurales de la Argentina quedaron otra vez sin ningún tope para su compra por parte de personas y empresas extranjeras.
La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que mantenía en pie la Ley de Tierras Rurales y, con esa decisión, el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que Javier Milei la derogó en diciembre de 2023, recuperó plena vigencia. Lo que el Gobierno no logró imponer en el Congreso, lo terminó obteniendo en los tribunales.
La sentencia lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y dejó sin efecto la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional ese artículo del mega DNU en el marco de una acción de amparo promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional.
El máximo tribunal no discutió el fondo del planteo: resolvió que la entidad no tenía legitimación para llevar el caso a la Justicia.