El juez federal de Victoria, Federico Martin, aceptó la modificación de una demanda presentada por los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay. La causa, caratulada como “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”, busca que los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles sean destinados al mantenimiento, conservación y ejecución de obras en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Entre Ríos.
En el marco del proceso, el magistrado se declaró competente para intervenir y otorgó un plazo de tres días al Estado nacional y al organismo demandado para que presenten un informe detallado. En dicho documento, las partes deberán exponer sobre el interés público involucrado ante la medida cautelar solicitada por los demandantes, quienes sostienen que existe una relación directa entre el tributo mencionado y el financiamiento de la infraestructura vial.
El reclamo judicial abarca diversas trazas fundamentales para la conectividad provincial, incluyendo las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135, 174, 130, 131, 136 y la A015, que constituye el acceso al complejo de Salto Grande. Los demandantes buscan que la Justicia ordene medidas concretas para garantizar que los fondos recaudados se apliquen efectivamente a la red vial entrerriana.
Antes de resolver sobre la cautelar, el juez Martin habilitó a los demandados a presentar sus argumentos sobre la admisibilidad y procedencia del pedido, así como a adjuntar la documentación que consideren necesaria para respaldar su postura frente a la demanda iniciada por los legisladores.