Entre 2027 y 2031, Argentina deberá definir el destino de los ingresos provenientes del sector agropecuario, Vaca Muerta y la minería, en un contexto de alta deuda externa. El debate central radica en si el país consolidará un modelo extractivo y concentrado, o si utilizará esos recursos para fomentar la industria, el trabajo y la movilidad social, evitando que el pago de la deuda se traduzca en mayores niveles de pobreza.
Desde la perspectiva de los trabajadores organizados, existe preocupación ante la posibilidad de adoptar un modelo de ajuste desregulado similar al de otros países de la región. Se advierte que, aunque naciones como Chile, Perú y Paraguay presentan indicadores de estabilidad macroeconómica, sus estructuras sociales se caracterizan por una marcada desigualdad, informalidad laboral y la privatización de servicios esenciales como la salud y la educación.
El análisis de las trayectorias socioeconómicas de las últimas cuatro décadas muestra que Argentina ha sufrido un deterioro social, con un aumento en la pobreza y la fragmentación laboral. No obstante, el país mantiene una tradición de instituciones públicas, como la educación universitaria gratuita, que lo distinguen en el continente frente a los modelos de enclave que predominan en los países vecinos.
El desafío para el próximo periodo presidencial será determinar si se opta por una economía que priorice la estabilidad financiera a costa de la exclusión social, o si se implementará una estrategia que aproveche los recursos naturales para encender los motores del desarrollo industrial y la inclusión.
