Un enfermero del Policlínico PAMI II, de la ciudad santafesina de Rosario, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por comercializar fentanilo, bromuro de vecuronio y otras sustancias medicinales peligrosas para la salud, que sustraía de su trabajo y vendía como drogas recreativas en redes sociales.
En el caso, que se resolvió en solo un año desde la formalización de la investigación, intervinieron, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, la fiscal federal Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos, y el fiscal federal coadyuvante Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad, y, por parte de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el fiscal coadyuvante Martín Uriona.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo pleno celebrado entre los representantes del Ministerio Público Fiscal y la defensa del condenado, Luis Emmanuel Benavidez, quien reconoció expresamente los hechos atribuidos, su participación, los elementos de prueba en los que se sustentó la acusación, la calificación legal y la pena propuesta por la fiscalía.
El acuerdo fue homologado en una audiencia realizada el pasado 4 de septiembre ante el juez federal de garantías Carlos Vera Barros. En el marco del acuerdo, Benavidez fue condenado como autor de los delitos de comercio de estupefacientes (por el fentanilo), venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo (por el bromuro de vecuronio), hurto y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (por el hallazgo de una pistola en uno de los domicilios allanados), todos en concurso real.
Además de la pena de prisión efectiva, se dispuso su inhabilitación especial por el mismo plazo de cuatro años y seis meses, para ejercer tanto cargos públicos como la profesión de enfermero. , un hombre de 37 años que murió el 9 de agosto de 2023 luego de haber consumido distintas sustancias.
El denunciante señaló al enfermero como quien le había suministrado fentanilo y bromuro de vecuronio, ambas, sustancias de exclusivo uso intrahospitalario. M. se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación y aportó información sobre las circunstancias que habían rodeado la muerte de su hijo.
El hombre entregó, entre otros elementos, el teléfono celular de su hijo, capturas de conversaciones mantenidas con el enfermero y un video grabado por la pareja de su hijo, en el que se observaba a él descompuesto y una ampolla de fentanilo que había encontrado en el domicilio. La muerte había sido investigada previamente por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
En el lugar se habían encontrado una jeringa y un envase de bromuro de vecuronio, por lo que se había solicitado al Instituto Médico Legal que determinara en la autopsia la eventual presencia de esa sustancia. Sin embargo, el laboratorio informó que no contaba con técnicas puestas a punto para determinar la presencia de bromuro de vecuronio y valproato de sodio en sangre.
La autopsia concluyó que no podía descartarse una relación de la muerte con causas toxicológicas, aunque estableció como indeterminada la causa del fallecimiento. Con esos elementos, la investigación provincial fue archivada. M. y el enfermero y, en particular, hacia la presunta comercialización de las sustancias que aparecían mencionadas en sus comunicaciones. M.
y Benavidez, cuyo número telefónico estaba registrado en el celular del fallecido. En uno de los intercambios, el enfermero le informó que había conseguido bromuro de vecuronio. Ante la consulta sobre si era más fuerte que el fentanilo, respondió: “Obvioooooo”. “Vecuronio. Así se llama. ”. 000) de la sustancia.
También le dijo que debía concretar la operación ese día porque tenía otro comprador. La evidencia incluyó además un audio de 17 segundos enviado por Benavidez el mismo 9 de agosto de 2023, poco antes del fallecimiento. Allí le daba indicaciones precisas sobre cómo administrar el contenido de las ampollas y le advertía sobre el riesgo de una sobredosis.
