Política

Bernardo Salduna desistió de su reclamo salarial contra el Estado provincial

El exvocal del STJ, Bernardo Salduna, confirmó que desistió de un reclamo salarial iniciado en 2023, tras el rechazo del Ejecutivo a su recurso de revocatoria.

Bernardo Salduna desistió de su reclamo salarial contra el Estado provincial

El exvocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Ignacio Ramón Salduna, comunicó su decisión de desistir de un reclamo salarial iniciado en 2023. La determinación se conoció luego de que el Poder Ejecutivo provincial, mediante el decreto N° 2.887, rechazara el recurso de revocatoria presentado por el exmagistrado contra el decreto N° 1.559, el cual ya había denegado la pretensión original.

Salduna informó que notificó su voluntad de no continuar con el trámite a su abogado, Ladislao Uzín Ollero. Según explicó, el planteo tenía un carácter general que involucraba a judiciales en actividad y jubilados, y ante la falta de una respuesta gubernamental integral, optó por abandonar la vía individual. "Ratifico por este medio la voluntad de no proseguir el trámite. Lamento el desentendimiento", expresó el exjuez.

El decreto N° 1.559, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Economía, Fabián Boleas, se fundamentó en dictámenes de la Fiscalía de Estado. El documento sostiene que no existe mandato legal para restituir un porcentaje salarial ni retroactivos, argumentando que en 2023 se acordó un incremento remunerativo del 24% para el personal judicial, el cual fue integrado a la base salarial para futuros aumentos.

El reclamo original, que también fue impulsado por el STJ, la Asociación de la Magistratura y diversos gremios judiciales, solicitaba la devolución de diferencias salariales generadas durante la vigencia de la Ley de Emergencia Provincial N° 10.806. Los peticionantes argumentaban una brecha del 25,57% respecto a los aumentos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia durante el periodo de pandemia, una postura que el Ejecutivo desestimó basándose en la constitucionalidad de la normativa de emergencia y los acuerdos previos alcanzados.