El Senado sesiona por pliegos y el acuerdo con los fondos buitres sufre un tropiezo y vuelve a comisión

Con el voto dividido del peronismo, el oficialismo del Senado le dio luz verde a Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que siga cinco años más como juez en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal. Además, le dieron ingreso formal a más de 50 pliegos nuevos y recibieron en audiencia pública a otros quince candidatos, entre ellos a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

La sesión empezó pasadas las 15.30 y después de dos horas de cuestiones de privilegio -varias por el jefe de gabinete, Manuel Adorni- se discutió el pliego de Mahiques padre, que se aprobó con 58 votos a favor y solo 11 en contra del interbloque peronista.

Mahiques cumple 75 años en noviembre y la Constitución indica que los magistrados deben cesar en sus funciones a esa edad, salvo que el Presidente lo vuelva a nombrar con aval del Senado por cinco años más.

El senador peronista y ex ministro de Justicia, Martín Soria, explicó su rechazo. “Mahiques no reúne condiciones éticas, constitucionales, ni jurídicas. Su designación representa la colonización del Poder Judicial; la dependencia del poder político, económico y mediático; y la impunidad de un sector que se cree por encima de la ley”.

Entre los puntos que objetan se encuentra el hecho de que el magistrado nunca concursó para ocupar ese lugar sino que llegó ahí después de un traslado efectuado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los peronistas que lo avalaron fueron mayoría en la bancada pero ninguno hizo uso de la palabra. “Coco Mahiques tiene terminales en todos lados”, había explicado en la previa un peronista.

Solo estuvieron en contra 11 de Unión por la Patria. Los más kirchneristas, entre ellos el jefe de bancada, José Mayans, Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Jorge Capitanich.

El debate fue lento y tedioso salvo en el cierre donde se cruzaron Mayans, con Patricia Bullrich. Después de que el formoseño hiciera un largo discurso contra Mahiques y el gobierno de Javier Milei, Bullrich enardecida le contestó: “Quien habla es parte del régimen más corrupto. Ahí la justicia no juzga porque no existe porque es un poder sometido al gobernador. En su provincia el monarca juzga pero nosotros vivimos en una República” señaló y luego agregó: “El bolso de López para el senador no llevaba dólares, llevaba figuritas del mundial”

En la sesión también se le dio ingreso formal a la última tanda de jueces y fiscales elaborada por el Ejecutivo. En ese grupo hay más 50 nombres, que incluyen a Tomás Rodríguez Ponte a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), y aspirante al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. Ponte trabajó durante años en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien está investigando a Manuel Adorni.

Pero también se encuentran candidatos a juzgados federales en una decena de provincias. Este era un reclamo de los aliados del PRO, la UCR y otras bancadas federales que evitaban darle despacho a las ternas de jueces, fiscales y defensores anteriores porque todas eran para cubrir vacantes del AMBA. Se negaban a firmar, hasta que envíen candidatos para cubrir vacantes también en el interior.

Como contó nuestro equipo, a raíz de eso este miércoles se destrabaron las firmas de la centena de pliegos previos que ya fueron discutidos en comisión.

La sesión empezó a la tarde porque a la mañana hubo una nueva audiencia pública en la comisión de Acuerdos donde recibieron a otros quince candidatos, entre ellos el de Emilio Rosatti quien fue postulado para una vocalía en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

El hijo del presidente de la Corte Suprema llegó a esta instancia a pesar de no haber alcanzado las mejores calificaciones en las pruebas técnicas sobre antecedentes, mérito e impugnaciones.

Para Rosatti hijo fue fundamental la entrevista personal aunque desde el entorno del presidente de la Corte advirtieron que Rosatti padre, también a cargo del Consejo de la Magistratura, no participó en la votación de la terna en que el santafesino fue elegido por unanimidad con 19 consejeros.

En la reunión le preguntaron sobre la reforma que impulsan los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para el proceso de selección. “La propuesta de la Corte está dentro de sus facultades, pero no es la única, hay más de una decena de proyectos para modificar el sistema de concurso para bajar la discrecionalidad”, aclaró el candidato aunque agregó: “Si hay mayor o menor discrecionalidad es parte del Consejo de la Magistratura”.

Más allá de este punto, esta semana avanzaron también los pliegos de otros postulantes de la denominada familia judicial como Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga el cripto escándalo $LIBRA.

El proyecto de aprobación de un plan de pago a dos fondos buitres -por $171 millones- también debía votarse este jueves pero sufrió un tropiezo y volverá a comisión.

“Hemos recibido una adenda y para hacer el debido tratamiento en comisión se hace esta moción”, explicó el senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto.

En la previa ya corría el rumor. “Es una cuestión técnica, menor, nada de fondo”, aseguró un libertario mientras ingresaba al recinto. Incluso señalan que hubo un error en los nombres que se debe corregir. El peronista Martín Soria, en cambio, apuntó que se retocaban 60 artículos.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de los acuerdos de conciliación firmados con dos fondos que no ingresaron en la tanda anterior firmada por Argentina con otros holdouts en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri.

Se trata de acuerdos por el pago por 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Las demandas de estos bonistas arrancaron en 2001.

El Gobierno envió el proyecto señalando que con esto se terminarían las demandas de embargo sobre activos argentinos. A su vez, aclararon que hay beneficios económicos con “una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y que se cancelarán “pasivos litigiosos” lo que evitará el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

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