La reciente derogación de la Ley 25.422, que respaldaba la actividad ovina en Argentina, ha desatado preocupación entre los productores entrerrianos.
El gobierno eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), alegando falta de transparencia y eficacia, pero los referentes del sector sostienen que la medida afectará negativamente a la producción.
Ricardo Garzia, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, subrayó que el FRAO, que manejaba aproximadamente 850 millones de pesos anuales para el país, era crucial para el desarrollo del sector. Garzia destacó que, durante la vigencia de la ley, la provincia de Entre Ríos vio un incremento significativo en el número de cabezas de ganado ovino y en la infraestructura del sector.
El impacto de la ley incluía la mejora en genética, infraestructura, y apoyo en campañas sanitarias y eventos de promoción. Garzia criticó la decisión del gobierno, argumentando que la eliminación del fondo, basado en una supuesta falta de transparencia, no solo es una ofensa para los productores, sino que también desestabiliza un sector que ha demostrado ser vital para la economía rural.
