El gobierno uruguayo confirmó oficialmente que relocalizará la planta de hidrógeno verde que estaba proyectada en una zona que generaba preocupación en las comunidades de la costa entrerriana. Esta determinación marca el punto final de un proceso que comenzó con inquietudes vecinales y derivó en una estrategia de intervención institucional.
La acción estuvo impulsada por los legisladores nacionales del peronismo Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay. El grupo eligió canalizar el reclamo a través de presentaciones en el fuero federal, aportando argumentos y exigiendo información técnica para determinar las posibles consecuencias del proyecto sobre la región.
La Justicia Federal respaldó el accionar de los dirigentes, dando lugar a los planteos presentados y avanzando con una investigación que permitió que el expediente sumara elementos clave. Según se destacó, la estrategia trascendió las simples declaraciones mediáticas y utilizó herramientas del Estado de derecho para sostener la postura en el tiempo.
Tras el proceso judicial, se produjo un cambio de postura por parte de las autoridades uruguayas, que finalmente optaron por mover la planta de lugar. Si bien el resultado responde a múltiples factores, la persistencia de la gestión política y el respaldo institucional fueron considerados determinantes para alcanzar esta resolución.