El proyecto de ley de Defensa Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei contempla modificaciones en el esquema de Seguridad Nacional y nuevas facultades para el control de espacios marítimos. La iniciativa, que consta de 133 artículos, dedica una parte significativa a la soberanía sobre las Islas Malvinas, pero también propone cambios de mayor alcance en el sistema de defensa y seguridad que han despertado preocupaciones en diversos sectores.
Uno de los puntos más sensibles del texto es la posible superposición de competencias entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, bajo la órbita de la Armada. Especialistas advierten que la normativa no delimita con precisión qué autoridad debe intervenir ante incidentes en el mar, dejando abierta la duda sobre si un episodio debe tratarse como una infracción administrativa, un delito o una amenaza a la seguridad nacional que requiera intervención militar.
La falta de claridad sobre quién realiza la calificación inicial de estos eventos genera incertidumbre, especialmente en casos de pesqueros que operan de manera ilegal. Además, se cuestiona la forma en que el proyecto define los espacios marítimos, señalando la necesidad de distinguir entre el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, conforme a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Finalmente, el proyecto propone la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. La estructura de este organismo ha sido objeto de críticas debido a la exclusión del Ministerio de Seguridad, lo que, según especialistas, podría derivar en una expansión de las facultades del área de Defensa sobre asuntos que actualmente corresponden al sistema de Seguridad Interior.
