La provincia de Mendoza acaba de dar un paso histórico en la legislación nacional al formalizar dos resoluciones fundamentales que no solo estructuran el acceso al cannabis medicinal para humanos, sino que instalan, por primera vez en Argentina, un marco regulatorio integral para el uso veterinario de esta terapia. Bajo el paraguas de la Ley Provincial 9617, el gobierno mendocino busca dejar atrás los grises legales que históricamente rodearon a esta práctica, brindando un esquema de seguridad jurídica que abarca desde la producción y la trazabilidad hasta la prescripción profesional. Este avance se posiciona como una respuesta directa a una demanda creciente de propietarios de mascotas que buscaban alternativas paliativas y terapéuticas con el aval necesario del Estado provincial.
El eje central de esta nueva normativa es la creación del REPROVET, el Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios, un sistema pionero que centraliza el control y la fiscalización de los tratamientos en animales. A diferencia de las experiencias previas que se limitaban al ámbito humano, Mendoza ha decidido institucionalizar el seguimiento clínico y la producción controlada de derivados del cannabis, asegurando que cada etapa del proceso, desde la semilla hasta el aceite que recibe el animal, cumpla con estándares de calidad estrictos. La medida implica que, a partir de ahora, la administración de estos productos deberá realizarse siempre bajo la supervisión directa de médicos veterinarios habilitados, garantizando un enfoque profesional y sanitario serio.
Para blindar este sistema, la provincia ha puesto en marcha el Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores (REMVEP), un cuerpo técnico que establece los requisitos y las responsabilidades de los profesionales encargados de avalar el uso de cannabis en el ámbito de la salud animal. De esta manera, se busca evitar el intrusismo y la comercialización de productos sin respaldo, estableciendo al mismo tiempo un Comité Consultivo Honorario Veterinario. Este órgano, compuesto por referentes del sector científico, académico y productivo, tendrá la difícil pero necesaria tarea de monitorear el impacto de estos tratamientos y actualizar las normativas basándose en la evidencia clínica que se genere a partir de la implementación del programa.
En paralelo a la cuestión veterinaria, el gobierno mendocino también ha reglamentado el funcionamiento del REPRO-MENDOZA, el registro provincial para pacientes humanos. Esta plataforma digital, que estará operativa a partir del próximo 8 de junio, funcionará como la puerta de entrada para autocultivadores, asociaciones civiles, fundaciones y proyectos de investigación. El objetivo es claro: fomentar la transparencia y la trazabilidad de toda la cadena productiva del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Mediante el Certificado Oficial de Registro (COR), las autoridades podrán auditar cada permiso, evitando desvíos y asegurando que quienes cultiven o produzcan derivados lo hagan dentro de los márgenes legales establecidos para la salud pública.
Con esta serie de medidas, Mendoza no solo se posiciona como una jurisdicción de vanguardia, sino que también estimula el desarrollo responsable de una industria con reglas claras y previsibles. La apuesta es que, mediante un control estatal robusto y el fomento de la investigación científica, los mendocinos puedan acceder a terapias que han demostrado ser efectivas en cuadros de dolor crónico, epilepsia y otras patologías, tanto en personas como en mascotas. Esta implementación supone, en última instancia, un cambio de paradigma en la gestión de las políticas de salud pública provincial, reconociendo al cannabis como una herramienta terapéutica que requiere de una estructura estatal sólida para garantizar la seguridad de los usuarios y el bienestar de los animales.