El procurador general de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, se pronunció a favor de mantener la medida cautelar que mantiene suspendida la implementación del nuevo sistema de comedores escolares en la provincia. El dictamen, que ahora deberá ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), surge tras el recurso presentado por la Fiscalía de Estado para revertir la decisión judicial original.
La restricción había sido dictada el 5 de agosto por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, en respuesta a un amparo presentado por padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce. La resolución ordena al Gobierno provincial abstenerse de entregar en escuelas públicas productos que contengan sellos de advertencia bajo la Ley de Etiquetado Frontal, debiendo garantizar la provisión previa a la modalidad centralizada.
En su análisis, el procurador señaló que la medida se encuentra debidamente fundamentada y que su continuidad es necesaria para brindar una protección urgente a niños, niñas y adolescentes, a quienes definió como un grupo de preferente tutela constitucional. García advirtió que el debate involucra derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la educación, subrayando que existe un riesgo de daño de difícil reparación si la cautelar se revoca.
El funcionario sostuvo que la medida permite que la discusión de fondo se desarrolle con profundidad y consideró que el recurso presentado por el Ejecutivo fue concedido de manera incorrecta. Por ello, el dictamen propone que el STJ declare inadmisible la apelación del Gobierno y confirme la vigencia de la resolución judicial que mantiene frenado el nuevo sistema.