O. 2019) en todo el territorio provincial. La medida impactará directamente en las sedes judiciales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Victoria, buscando dotar de mayor agilidad, oralidad y transparencia a las causas por delitos de competencia federal.
A través de la Resolución 417/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles 2 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Gobierno nacional fijó la fecha para la puesta en marcha del sistema acusatorio en la provincia. O.
2019) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ, a partir de las 00:00 horas del 30 de noviembre de 2026”. Con esta resolución, el Distrito Federal de Paraná —que abarca administrativamente a toda la provincia de Entre Ríos— se suma al proceso de reforma procesal penal que ya rige en otras diez jurisdicciones del país.
En los fundamentos de la medida, la cartera de Justicia destacó que la elección de Entre Ríos responde a su «relevancia estratégica» dentro del mapa judicial y de seguridad del país. En particular, la resolución remarca que la provincia constituye “un espacio fronterizo con la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY”, sobre el cual se emplazan “TRES (3) pasos fronterizos terrestres y OCHO (8) pasos fluviales”.
Esta infraestructura genera una importante dinámica transfronteriza y comercial, exigiendo mayor eficacia en la «prevención, investigación y persecución de delitos de carácter federal, interjurisdiccional y transfronterizo».
Asimismo, el texto oficial pondera el rol neurálgico de las arterias viales que cruzan el territorio entrerriano, haciendo especial hincapié en la Ruta Nacional N° 14: “La jurisdicción es atravesada en toda su extensión por la Ruta Nacional N° 14, corredor vial de relevancia estratégica que articula la circulación entre la provincia de Entre Ríos y las demás provincias del litoral argentino y constituye una vía de conexión hacia la denominada Triple Frontera”.
Además, se destacan los trazados de las rutas nacionales N° 12, N° 18, N° 127 y N° 174 (enlace con Rosario) como vías clave para la circulación de personas y cargas, fundamentales para el abordaje del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, entre otros delitos federales.
El nuevo esquema implica el paso definitivo hacia un modelo acusatorio, oral y adversarial, donde los fiscales de la Procuración General de la Nación asumen la conducción de la investigación penal, mientras que los jueces actúan como garantes del proceso.
Para garantizar la transición operativa en los juzgados y fiscalías de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria y Paraná, la resolución prevé un plan intensivo de adaptación: “La implementación del nuevo modelo procesal requiere fortalecer las capacidades de los distintos actores que intervienen en el sistema de justicia penal federal mediante acciones de capacitación, que incluya simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa dirigidos a magistrados, funcionarios y equipos técnicos”.
El proceso involucrará la articulación técnica y logística entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de adecuar los recursos humanos, informáticos y la infraestructura edilicia antes del límite fijado para fines de noviembre.