La jueza federal de distrito en Boston, Allison Burroughs, resolvió levantar la suspensión que impedía al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Somalia. La medida, que pone fin a una protección vigente desde 1991, fue habilitada tras un reciente fallo de la Corte Suprema que restringió la capacidad de los magistrados para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo sobre este programa humanitario.
Aunque la magistrada reconoció que los demandantes sufrirían un daño irreparable, señaló estar jurídicamente obligada a seguir el criterio establecido por la Corte Suprema. Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, actualmente existen 2.471 ciudadanos somalíes bajo este programa, mientras que otros 1.383 mantienen trámites de inscripción o renovación pendientes, quienes ahora podrían enfrentar procesos de deportación si no poseen otra vía legal de permanencia.
La decisión de cancelar el estatus se fundamentó en la postura de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien consideró que las condiciones en Somalia habían mejorado, a pesar de que el Departamento de Estado sostiene una alerta de nivel máximo de no viajar debido a la violencia en la región. Se espera que la consecuencia inmediata del fallo sea la revocación de autorizaciones de empleo para los beneficiarios.
Organizaciones civiles que presentaron la demanda argumentaron que la medida estaba motivada por prejuicios raciales y violaba la Quinta Enmienda de la Constitución. Pese al revés judicial, los abogados defensores indicaron que continuarán explorando alternativas legales y recomendaron a los afectados acelerar otros procesos de regularización migratoria que tengan en curso.