La primera reunión de la mesa paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes, el 2 de marzo, no llegó a un acuerdo, tampoco se lograría en los dos encuentros sucesivos que hubo a lo largo de 2026. Y por eso el Poder Ejecutivo dispuso que los aumentos ofrecidos y rechazados en la mesa paritaria sean pagados por decreto.
El primero de esos decretos, N° 500, dictado el 6 de marzo último, fue reprochado por inconstitucional en la Justicia por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en abril último, aunque el planteo estuvo dando vueltas en Tribunales hasta que recaló en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, que resolvió abocarse al tema y anotició al Gobierno de la demanda.
En aquel decreto, el Ejecutivo dispuso el pago de una suma fija no remunerativa ni bonificable de $25 mil a maestros y profesores, a partir de los 10 años de antigüedad, “la que continuará integrando la base de cálculo de los adicionales que correspondan”. 000), con independencia de la cantidad de cargos y/o horas cátedra que detente. 000 por el Complemento por Conectividad.
904 del Consejo General de Educación “en cuanto dispone como condición o calidad de los conceptos” Fopid y Complemento por Conectividad como “no remunerativa”. La petición se hizo “con extensión a cualquier otra norma que dispusiere el pago de incrementos salariales a los trabajadores dependientes del Consejo General de Educación bajo el aludido decreto de no remuneratividad”.
Más aún, en la demanda Agmer pide que “se disponga el pago con carácter remunerativo (en blanco) de las sumas que perciben la totalidad de los trabajadores docentes de la Provincia de Entre Róis en Concepto de Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y de Complemento Provincial de Conectividad, desde el día de su creación y, consecuentemente, se condene a los demandadas a remitir las sumas que correspondan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y a las obras sociales de las que son beneficiarios los docentes provinciales, en la proporción que por ley se establece y por el período que va desde el primer pago de los conceptos Fopid y Conectividad con carácter no remunerativo
y hasta la efectiva incorporación de la remuneratividad de dichos conceptos en los salarios de los trabajadores activos”.
También el sindicato docente pide a la Justicia que se condene al Poder Ejecutivo “a abonar a los actores beneficiarios de la Caja de Jubilaciones en sus haberes previsionales el monto que proporcionalmente les corresponde sobre los rubros Fopid y Conectividad, con más el pago de las sumas retroactivas desde que cada activo dependiente del CGE recibió las sumas no remunerativas de esos conceptos y hasta la efectiva incorporación de la remuneratividad en los salarios de los trabajadores activos de estos items salariales, con más los intereses legales respectivos desde que cada suma es debida”.
En el escrito de Agmer se señala que no solo se pretende que se declare la inconstitucionalidad de los pagos sino que se obligue al Ejecutivo a blanquear esos montos en negro. “Estamos en presencia de incrementos salariales instituidos en la norma provincial como ´fondo´ y ´complemento´ pero sin lugar a dudas se instituyen como incrementos salariales de los sueldos de trabajadores del sector docente, lo que es necesario tener claro en el presente, atento a que del modo cómo se han reglamentado resultada manifiestamente contrarios a la Constitución provincial”, señala.
La Justicia ya corrió traslado de la demanda al Poder Ejecutivo para que conteste los planteamientos formulados por Agmer. Y luego se espera la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.