El expediente judicial que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera fue derivado al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a cargo de la jueza Cecilia Bértora. La causa, que cuenta con una sentencia condenatoria dictada en 2022 por delitos de corrupción, salió así del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
Los abogados defensores de los tres condenados presentaron un pedido para que sus asistidos sean trasladados de la Unidad Penal N° 1 de Paraná hacia la Unidad Penal N° 9, situada en Gualeguaychú. Dicha solicitud cuenta con el respaldo del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, organismo que argumentó la necesidad de descomprimir la sobrepoblación del penal donde actualmente se encuentran alojados los implicados.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones, integrado por los jueces María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, dispuso dejar sin efecto los mandamientos de detención anteriores y notificó al Juzgado de Ejecución. El cómputo de las penas, que finaliza en distintas fechas entre 2031 y 2034 según el caso, fue aceptado por el Ministerio Público Fiscal y no recibió cuestionamientos por parte de las defensas.
Las condenas, que alcanzan los 8 años de prisión para Urribarri y 6 años y 6 meses tanto para Báez como para Aguilera, se sustentaron en pruebas clave recolectadas durante la investigación. Entre ellas, destaca la información extraída de dispositivos de almacenamiento hallados en allanamientos realizados en 2016 a empresas vinculadas a Aguilera, proceso técnico que fue analizado por peritos del Gabinete de Informática Forense.