La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná declaró la inconstitucionalidad de los decretos N° 537/26 GOB y N° 017/26 HCS, emitidos por el Poder Ejecutivo y el Senado de Entre Ríos. Estas medidas habían otorgado aumentos salariales bajo la calificación de "no remunerativos", omitiendo realizar los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social.
En el marco de los expedientes N° 3201, N° 3142 y N° 3150, el Tribunal concluyó que esta modalidad vulnera el artículo 82 inciso d) de la Constitución provincial. Dicha normativa establece que todo incremento salarial otorgado debe estar sujeto a aportes, señalando que la naturaleza remunerativa de un rubro responde a una condición jurídica objetiva por la prestación de servicios, más allá de la denominación que le asigne la autoridad pública.
El fallo destacó que la omisión de estos aportes perjudicó al sector pasivo, afectando la proporcionalidad y movilidad del régimen previsional y vulnerando el derecho de propiedad de jubilados y pensionados. Por esta razón, el tribunal determinó que los montos deben ser considerados remunerativos y sujetos a las contribuciones legales.
Como resolución, la Justicia ordenó al Estado provincial regularizar la situación en un plazo máximo de treinta días hábiles. Tras la transferencia de los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el organismo deberá trasladar los montos faltantes a los demandantes para asegurar el pago del 82% a jubilados y el 75% a pensionados sobre los incrementos percibidos por el personal activo.