La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales frente al Congreso en una jornada marcada por la tensión. Si bien la movilización transcurrió con normalidad durante las primeras horas, un grupo de encapuchados inició incidentes frente al vallado de la Gendarmería Nacional, arrojando piedras y tratando de derribar las estructuras de seguridad.
Como resultado de los disturbios, fuentes oficiales confirmaron que ocho efectivos policiales resultaron heridos y seis personas fueron detenidas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los hechos a través de redes sociales y anunció que el equipo jurídico del ministerio presentará una denuncia penal por resistencia a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
La protesta se desarrolló en un contexto de fuerte disputa por el financiamiento de las universidades públicas y el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Además de los reclamos universitarios, diversos sectores sindicales y sociales exigieron la derogación del DNU 70/2023, mientras que en el ámbito parlamentario el oficialismo logró evitar el tratamiento de dicho decreto en Diputados.
En el plano judicial, el Gobierno obtuvo un alivio tras la suspensión provisoria de las multas diarias que pesaban sobre el jefe de Gabinete por el incumplimiento de una medida cautelar sobre salarios y becas. Sin embargo, la controversia de fondo persiste, ya que el Ejecutivo mantiene su resistencia a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario debido a sus implicancias presupuestarias.
La jornada, que también estuvo afectada por condiciones climáticas adversas, concluyó con una desconcentración anticipada de los manifestantes. Según estimaciones de la Ciudad, los daños provocados durante los incidentes ascienden a 90 millones de pesos, mientras las autoridades trabajan en la recolección de pruebas fílmicas para avanzar con las causas judiciales correspondientes.
