El diputado nacional Máximo Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández enfrentan una etapa judicial decisiva con el inicio del juicio oral y público por las causas Hotesur y Los Sauces, previsto para el 23 de octubre. Ambos están imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, bajo la hipótesis de que utilizaron sus hoteles y una inmobiliaria familiar para blanquear fondos provenientes de la corrupción, vinculados a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La Cámara de Casación se encamina a revertir la división de los expedientes, unificando ambos procesos en un solo juicio oral. Esta decisión, impulsada por los fiscales Diego Velazco y Mario Villar, busca demostrar que la red de lavado funcionó como un sistema único y simbiótico. La unificación desbarata la estrategia de las defensas, que habían logrado separar los casos para acortar tiempos y debilitar la acusación del Ministerio Público.
El desarrollo del debate oral representa un desafío político para los Kirchner, ya que coincide con el inicio de la campaña electoral. La presencia de ambos en el banquillo de los acusados podría impactar en sus planes de influencia dentro del Partido Justicialista, donde buscan posicionarse frente a figuras como el gobernador Axel Kicillof y definir candidaturas para las próximas elecciones presidenciales.
El juicio contará con pruebas documentales como contratos, cheques y balances, además de testimonios clave. Entre ellos, se destaca la participación de Víctor Manzanares, excontador de la familia, quien posee documentación sobre las maniobras financieras y ha manifestado su disposición para declarar y responder preguntas sobre las irregularidades en los negocios de los Kirchner.
