A partir del próximo 5 de septiembre entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley N° 27.801, que fija la responsabilidad penal desde los 14 años. La normativa introduce un sistema específico para juzgar delitos cometidos por adolescentes, combinando sanciones judiciales con medidas de educación, reinserción social y privación de libertad como último recurso.
En la provincia de Entre Ríos, el procurador Jorge García aprobó un protocolo de actuación para los fiscales, diseñado por la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Este documento busca establecer criterios de investigación ante la inminente aplicación de la reforma, dado que la actual Ley 22.278, vigente desde la época del Proceso, establece límites de edad de imputabilidad diferenciados según la gravedad del delito a los 16 o 18 años.
La procuradora adjunta advirtió sobre la falta de infraestructura especializada en la provincia, señalando que, a excepción de Paraná, no existen fiscales ni jueces específicos para menores en otras jurisdicciones. Ante este escenario, el protocolo permite la aplicación del principio de oportunidad, facultando a los fiscales para definir qué causas, como hurtos o daños menores, serán objeto de investigación.
La nueva ley exige que los adolescentes detenidos sean alojados en lugares separados de los adultos y cuenten con personal capacitado para su atención. Asimismo, insta a las provincias a adaptar sus legislaciones y establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar la implementación del sistema en todo el territorio del país.