El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo dictamen favorable con modificaciones en el Senado de Entre Ríos. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue tratada por las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Uno de los puntos centrales de la reforma refiere a las inhabilitaciones para candidatos con condenas penales. Mientras que la versión original de Diputados fijaba un plazo de diez años desde que la condena quedara firme, el nuevo texto vincula la restricción a una sentencia confirmada en segunda instancia, extendiéndola hasta su revocación o el cumplimiento de la pena. Asimismo, se incorporaron nuevos delitos al listado de conductas alcanzadas por la norma.
En cuanto a las declaraciones juradas patrimoniales, el proyecto establece la obligatoriedad de presentarlas al asumir, anualmente antes del 31 de julio y al finalizar el mandato. La documentación deberá detallar bienes en el país y el exterior, participaciones societarias, ingresos, billeteras virtuales y criptoactivos. El sistema se dividirá en una parte pública y otra confidencial.
El incumplimiento en la presentación o la entrega de información incompleta será pasible de multas. Las sanciones económicas podrán representar hasta el 50% de la remuneración bruta mensual, elevándose al 100% en casos de reincidencia. El dictamen se encuentra habilitado para ser tratado por el pleno del Senado, con una fecha tentativa de debate para el 11 de noviembre. De aprobarse con estos cambios, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión final.
