El sector agropecuario argentino enfrenta una vulnerabilidad estructural al arriesgar capital sin redes de contención efectivas ante eventos climáticos extremos. A diferencia de competidores como Estados Unidos y Brasil, donde existen políticas de Estado con subsidios estatales a las primas de seguros, en Argentina la cobertura local se limita casi exclusivamente al granizo. Esta desprotección ante sequías e inundaciones impacta directamente en la economía nacional, al ser el campo una fuente crítica de divisas para el país.
La historia económica argentina refleja cómo las crisis climáticas actúan como detonantes de inestabilidad, desde la sequía de 1952 hasta la caída en la cosecha de la campaña 2022/23. Ante este escenario, la Ley de Emergencia Agropecuaria es cuestionada por su carácter burocrático y limitado. Actualmente, el enfoque ha comenzado a virar hacia los seguros paramétricos o de índice, los cuales utilizan tecnología satelital para activar compensaciones automáticas ante umbrales preestablecidos de déficit hídrico o temperaturas críticas.
En cuanto a avances normativos, la Superintendencia de Seguros publicó en julio la Resolución 315/2026, que establece un marco regulatorio para estos seguros paramétricos. A nivel provincial, Córdoba implementó un Seguro Multirriesgo Agrícola financiado por el Estado a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario, dirigido a productores adheridos a las Buenas Prácticas Agropecuarias.
La adopción masiva de estas herramientas requiere, según los analistas, previsibilidad normativa y estímulos fiscales. La transición hacia una gestión de riesgos basada en tecnología y datos duros se presenta como una alternativa más eficiente que subsidiar la quiebra de los productores tras cada fenómeno climático adverso.