A una semana de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el fiscal de la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Entre Ríos, Franco Bongiovanni, analizó los alcances de la norma. El funcionario destacó que la legislación amplía la responsabilidad penal a adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves, como homicidios o abusos sexuales, lo que permitirá su procesamiento y eventual juzgamiento. Sin embargo, enfatizó que la provincia enfrenta un desafío crítico respecto a la infraestructura necesaria para cumplir con los estándares legales.
Bongiovanni advirtió que la provincia aún no cuenta con espacios de detención especializados que garanticen la separación total de los jóvenes respecto de los adultos, una exigencia central de la nueva normativa. "Al día de hoy, no sé si la provincia de Entre Ríos está lista para garantizarlo; quizás es una cuestión de ir construyéndolo", señaló, añadiendo que también resulta imperativo asegurar lugares diferenciados por género y considerar la extensión territorial con instalaciones tanto en la costa del Uruguay como en la del Paraná.
Respecto a la operatividad futura de los centros de detención, el fiscal indicó que corresponde al Poder Ejecutivo definir su dependencia administrativa. Subrayó que, independientemente de si continúan bajo el Copnaf o se vinculan al Servicio Penitenciario, deben ser institutos especializados orientados a la reinserción social, sin interrumpir los procesos educativos o laborales de los menores.
El fiscal también se refirió al contexto social, señalando que las organizaciones criminales suelen captar a los adolescentes debido a su vulnerabilidad. Ante esta problemática, afirmó que la Fiscalía mantendrá un enfoque firme para identificar a todos los partícipes de los hechos, especialmente a los adultos que instrumentalizan a menores de edad para cometer delitos o proveerles armas y sustancias estupefacientes.