El gobierno uruguayo, bajo la gestión de Yamandú Orsi, atraviesa una serie de controversias respecto a la planta de combustibles sintéticos de la firma HIF Global. Recientemente, el canciller Mario Lubetkin anunció que, por instrucciones del presidente, se procedería a la relocalización de la planta, la cual estaba proyectada a orillas del río Uruguay. Según el funcionario, el objetivo de esta medida era evitar conflictos y alcanzar acuerdos concretos con la parte argentina.
Sin embargo, la empresa desmintió formalmente tales afirmaciones. A través de una comunicación enviada al Ministerio de Ambiente de Uruguay, HIF Global aclaró que no existe ninguna decisión definitiva ni formal adoptada respecto al futuro emplazamiento del proyecto. La multinacional precisó que los procesos de negociación y análisis para una eventual relocalización aún no han concluido.
Este episodio se suma a declaraciones previas del presidente Orsi, quien había manifestado que Argentina había retirado una denuncia penal contra el proyecto, información que fue negada por la cancillería argentina, el gobierno de Entre Ríos y la Justicia Federal. Esta sucesión de anuncios y desmentidos ha generado malestar y desconfianza en diversos sectores sociales y gubernamentales de Entre Ríos.
Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) expresaron preocupación ante estas irregularidades, comparando la situación con los antecedentes del proyecto Aratirí en 2014. El caso anterior derivó en una millonaria demanda internacional contra el Estado uruguayo que aún permanece en litigio. Actualmente, organizaciones de Entre Ríos mantienen acciones judiciales contra la instalación de la planta frente a la ciudad de Colón.