La Justicia de Paraná llevará a cabo este lunes una audiencia para analizar el pedido de la defensa de Alejandro Almada, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1. El imputado, acusado de fraude a la Administración Pública en la causa conocida como «contratos truchos» de la Legislatura, busca revertir la medida de coerción que le fue impuesta originalmente en septiembre y prorrogada posteriormente por 30 días.
El abogado defensor, Miguel Ángel Cullen, presentó una apelación contra la decisión del juez de Garantías Julián Carlos Vergara, quien había extendido la detención. El planteo será evaluado por la jueza de juicio María Carolina Castagno a partir de las 12 horas. Durante el proceso, las partes han mantenido conversaciones sobre una posible salida alternativa mediante un juicio abreviado, en el cual Almada reconocería los delitos a cambio de una pena menor a los 10 años solicitados por la Fiscalía.
El fiscal Ignacio Aramberry fundamentó la necesidad de la prisión preventiva basándose en el riesgo de fuga y el incumplimiento de las pautas de conducta. Según la acusación, el imputado falseó su domicilio real y violó la prohibición de ausentarse de Paraná sin autorización. La Fiscalía señaló que Almada habría trasladado su centro de vida a la zona de la triple frontera, estableciendo negocios familiares en Foz de Iguaçu, Brasil.
De acuerdo con los registros migratorios presentados por el Ministerio Público Fiscal, el acusado permaneció fuera del país durante períodos prolongados, sumando casi tres años en el extranjero. Para la Fiscalía, este desplazamiento y la existencia de una red comercial en el exterior, sumado a la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo, incrementan exponencialmente el riesgo de evasión y el peligro de entorpecimiento en la investigación.
