La diputada nacional Blanca Osuna manifestó su preocupación tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, que modificó las distancias de exclusión para las fumigaciones con agroquímicos. Según la legisladora, el tribunal dio marcha atrás con dos amparos ambientales previos, que establecían perímetros de protección de 1095 y 3000 metros, para adoptar ahora un criterio de 100 metros, basándose en la Ley provincial 11.178.
Osuna cuestionó la falta de sustento técnico de esta normativa provincial, señalando que durante su tratamiento legislativo no se presentaron estudios respaldatorios ni se abordaron interrogantes sobre el uso de drones. Asimismo, advirtió que la resolución judicial parece omitir principios establecidos en la Constitución Nacional y Provincial, así como en la Ley General del Ambiente 25.675, que priorizan el derecho a un ambiente sano y los principios de prevención y precaución.
La legisladora resaltó que la decisión genera incertidumbre sobre la protección de quienes habitan o estudian en zonas rurales y suburbanas frente a la exposición a residuos químicos. Además, vinculó esta medida con una gestión provincial que, a su criterio, desatiende las necesidades de los sectores más vulnerables. Por último, interpeló al Poder Judicial sobre su responsabilidad en la garantía de salud pública frente a esta nueva disposición que permite aplicaciones terrestres a menores distancias.