La Justicia dispuso el decomiso de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Juan Pablo Aguilera y su esposa, Luciana Almada, en el marco de la investigación judicial conocida mediáticamente como "la causa de la vaca". El expediente, caratulado bajo el número 4.385, abordó delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado durante la gestión del exgobernador Sergio Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez.
El Ministerio Público Fiscal acreditó que el esquema fraudulento operaba mediante el pago de publicidad estática en vía pública que nunca se prestaba. Para justificar los desembolsos, se utilizaban fotografías retocadas digitalmente que presentaban la misma vaca frente a carteles con propaganda oficial en diferentes lugares. Esta maniobra fue expuesta mediante peritajes de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia, que confirmaron la reutilización de imágenes en múltiples expedientes de pago.
La denominación del caso surgió en noviembre de 2016, cuando el entonces fiscal Santiago Brugo presentó ante el exjuez Humberto Oscar Franchi las evidencias del engaño. Según la tesis fiscal, Gustavo Tamay, funcionario del área que dirigía Báez, certificaba falsamente la realización de los trabajos para favorecer a las empresas Tep SRL y Next SRL, vinculadas al cuñado de Urribarri, permitiendo así la emisión de cheques por servicios inexistentes.
Los bienes objeto de la medida incluyen dos inmuebles en la ciudad de Paraná, ubicados en calle Racedo 415 y 409. Asimismo, se decomisaron diversos vehículos, entre ellos un motovehículo Zanella, una camioneta Ford F4000D y un furgón Citroën Berlingo. La disposición judicial abarca además una amplia nómina de equipos informáticos, computadoras all-in-one, procesadores, monitores y un plotter de impresión vinculados a la firma investigada.