La falta de quórum en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 15 de octubre de 2026 impidió el tratamiento de la derogación del DNU 70/23. Este decreto, que abarca 366 artículos, introdujo modificaciones profundas en diversas áreas, incluyendo la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la desregulación de alquileres y cambios significativos en el régimen laboral, como el período de prueba y las condiciones de negociación colectiva.
El decreto también avanzó sobre la desregulación de empresas de medicina prepaga, la transformación de empresas públicas en sociedades anónimas, la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate y la implementación de la política de cielos abiertos. Asimismo, se modificaron normativas vinculadas al código aduanero, la ley de abastecimiento y el funcionamiento de las obras sociales.
Desde diversos sectores se cuestiona el incumplimiento de las atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo y la falta de respuesta del Poder Judicial ante presentaciones judiciales sobre la constitucionalidad de estas medidas. Se señala que la deuda pública, iniciada en gestiones anteriores, continúa expandiéndose bajo la actual administración, vinculándose a procesos de concesiones y ventas de activos estatales.
El análisis histórico de la deuda pública destaca que, desde diciembre de 2015, el endeudamiento bruto ha registrado un crecimiento constante. Mientras que en etapas previas la deuda era mayoritariamente intra sector público, las gestiones posteriores incrementaron el compromiso con organismos internacionales como el FMI, deteriorando la composición de los pasivos nacionales.
