Lo que (no) dejó la cuarta marcha universitaria

Luego de la cuarta marcha por mayor presupuesto y cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la sensación es clara: no estamos ganando la batalla. No solo la presupuestaria, sino la decisiva, la que planteé la necesidad de una reforma profunda a partir de un diálogo adulto entre los principales actores (universidad y gobierno).

Hoy, sin propuestas visibles y concretas, el sistema se encuentra atrapado en una inercia incapaz de sostener calidad, equidad ni proyección científica. El problema no es solo de dinero, es de diseño institucional, incentivos, gobernanza y ausencia de mecanismos que vinculen financiamiento con resultados.

El ingreso irrestricto funciona como un mecanismo de selección por abandono. Más del 40% de los estudiantes no supera el primer año mientras que la graduación efectiva es menor al 30%. Los sistemas masivos sin mecanismos de señalización vía examen de ingreso solo reproducen desigualdades (Bailey et al., 2015).

A esto se suma la fragilidad formativa con la que llegan los estudiantes. Más del 70% no alcanza niveles satisfactorios en matemática y cerca del 50% queda por debajo de lo esperado en lengua. Dado este punto de partida, el ingreso libre se convierte en un sueño que dura menos de un año para 4 de cada 10 estudiantes.

Al momento de establecerse la gratuidad (1949), habitaban el sistema público universitario menos de 5 estudiantes por cada 1.000 habitantes. Hoy, con 45, seguimos sin rediseñar un modelo académico pensado para una población y tecnologías de mediados del siglo XX. Por cuestiones históricas e ideológicas, evitamos incorporar al debate el rol a cumplir por el sector privado y el terciario no universitario, entidades que deberían actuar, como ocurre en la región, de manera complementaria a la universidad pública no como rivales de esta.

En Chile y Brasil, por ejemplo, más del 70% de la matrícula es privada. En ambos países el sector no estatal absorbe la mayor porción de la demanda -en parte financiada por crédito estudiantil a tasa subsidiada o pagos diferidos-, política que permite descomprimir la presión sobre las universidades públicas. Se liberan así fondos a ser invertidos en investigación y formación de capital humano de calidad. En Argentina, apenas alcanza el 20%, lo que hace que el financiamiento se comporte de manera procíclica y poco sostenible en el tiempo. En definitiva, mientras Chile logra invertir alrededor del 2% de su PIB en educación superior y Brasil se acerca al 1.4%, Argentina, sumado el sector privado, escasamente alcanza el 0.7%.

En lo referente al nivel terciario, Argentina no desarrolló un modelo de calidad y articulado con la universidad. Normalmente este sector -institutos técnicos, tecnológicos, carreras cortas- es utilizado para descomprimir la demanda universitaria mientras ofrece inserción laboral rápida y contacto con el territorio.

Como consecuencia, la universidad termina absorbiendo una demanda para la cual no ha sido diseñada, la que encontraría una mejor respuesta en estos institutos. Los estudios comparados evidencian que los países con terciarios robustos logran sistemas universitarios más sostenibles y eficientes en el tiempo (OECD, 2023). Asimismo, la diversidad intra e intersectorial mejora la eficiencia en la producción de capital humano en cantidad y calidad (Brunner & Miranda, 2016).

La inversión en ciencia y tecnología revela otra brecha desconcertante. Las universidades nacionales destinan solo entre el 5% y el 7% de su presupuesto al desarrollo de nuevos conocimientos, mientras que más del 90% se consume en salarios. En Brasil, UNICAMP destina entre 16% y 19% y la USP entre 15% y 20%. En Chile, las estatales invierten entre 12% y 15%; en Colombia, entre 8% y 10%. La literatura sobre modelos de investigación muestra que la inversión sostenida y una masa crítica de investigadores a tiempo completo sostenidos en el tiempo, son condiciones necesarias para producir ciencia competitiva, rasgo decisivo para el desarrollo de un país (Kwiek & Szymula, 2025)

En este aspecto, la universidad pública presenta una bajísima proporción de docentes con dedicación exclusiva, sólo alrededor del 10% de los cargos, lo que es un signo de debilidad (SPU, 2023). Como dijimos, los sistemas dominados por docentes de baja dedicación producen menos investigación y de menor impacto, pero a su vez ofrecen menor continuidad pedagógica, tutorías débiles con evidente deterioro de la calidad institucional (Kezar & Maxey, 2016).

En un país, como el nuestro, donde los estudiantes llegan con fragilidad formativa, sostener un sistema docente basado en una amplia mayoría de dedicaciones simples es renunciar a cualquier aspiración de calidad, tanto pedagógica como en lo que hace a la función de investigación.

Hoy, la discusión pública se centra en el monto del presupuesto, pero evita la pregunta central: ¿qué modelo de universidad queremos sostener? Sin reformas en el ingreso, regularidad, carrera docente, gobernanza, incentivos a la investigación, vinculación productiva, un terciario fuerte y un sector privado integrado, el aumento presupuestario -aún si se cumple la ley- no cambiará en demasía los resultados actuales.

Argentina no necesita elegir entre defender la universidad pública o reformarla. Necesita hacer ambas cosas al mismo tiempo. Las marchas expresan un reclamo legítimo, pero sin una agenda de transformación profunda que reúna al gobierno y a las universidades en una conversación seria, inevitablemente seguiremos perdiendo la batalla del desarrollo.

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