Ahora la Justicia abrió una investigación contra el hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una serie de medidas de prueba sobre Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iniciando así una causa por presunto enriquecimiento ilícito tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano en la que detalla la adquisición de propiedades y un vehículo. Un dato central en la causa es el pago de un crédito hipotecario de $ 60 millones en doce meses.

“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de nuestro equipo”, sostiene el dictamen del fiscal Marijuan.

Después de ese cargo, Francisco Adorni fue promovido, en junio de 2025, como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En diciembre del año pasado asumió como diputado de la Provincia de Buenos Aires.

Las medidas de prueba impulsadas surgen tras la denuncia formulada por la diputada nacional, Marcela Pagano, quien sostiene que Francisco Jorge Adorni -hermano del actual Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni- hasta su designación “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.

El 19 de febrero de 2024, Francisco Jorge Adorni “habría presentado ante la Oficina Anticorrupción su Declaración Jurada Patrimonial Integral Inicial, exteriorizando los siguientes activos: el cincuenta por ciento (50%) de un inmueble destinado a casa habitación en la localidad de City Bell, Provincia de Buenos Aires, de 162 m², adquirido el 20 de octubre de 2016 mediante crédito, valuado en($38.790.000.

Asimismo, declaró el 50% de un automotor marca Chery Tiggo, modelo 2017, incorporado al patrimonio en octubre de 2023, valuado en $5.000.000, con origen declarado en ingresos propios”.

Respecto al ítem denominado “Bienes, depósitos y dinero, al inicio del año habría declarado $43.790.000 y ninguna suma en concepto de deudas”, consta en la denuncia.

En la declaración jurada patrimonial integral anual correspondiente al ejercicio 2025, Francisco Jorge Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio neto del orden de $80.500.000.

En ese sentido, se denunció un incremento patrimonial declarado que se explicaría sustancialmente en dos operaciones: la incorporación, en noviembre de 2025, del 50% de un automotor marca Jeep, modelo Renegade año 2020, por un valor declarado de $8.000.000.

Además de la cancelación, en el plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

De aquellos datos, la denunciante expresa que si bien la adquisición del rodado podría eventualmente ser justificado con los haberes percibidos como funcionario, computado el haber mensual neto declarado en la prensa para el cargo de Francisco Adorni —que supera los $2.000.000 mensuales—, e “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos”.

Con esta explicación de la denuncia judicial, el fiscal Guillermo Marijuan delimitó la hipótesis inicial de la investigación. En consecuencia, escribió en su dictamen el representante del Ministerio, “habré de referir que existiendo una causa en pleno trámite, cuyo objeto, de público conocimiento, versa sobre conductas presuntamente ilícitas del actual Jefe de Gabinete de Ministros de nuestro equipo, circunstancia que la denunciante no desconoce e incluso incluyó en su presentación, aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación”.

En este marco, el fiscal ordenó una batería de medidas de prueba para esclarecer si el hermano del Jefe de Gabinete incurrió en el delito de presunto enriquecimiento ilícito.

Por una lado solicitó el levantamiento de Secretos y Acceso a Datos Fiscales, para así tener acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP). Se pidió un informe completo del sistema EFISCO, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, así como perfiles de “signos de actividad”, antecedentes de seguridad social y regímenes de facturación electrónica (compras y ventas).

Por otro lado, el fiscal quiere saber si Adorni se acogió a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda.

También, con la finalidad de reconstruir sus movimientos financieros, se solicitó a AGIP y ARBA que remitan Informes sobre impuestos activos, deudas y pagos registrados por bienes inmuebles o automotores en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

A través del Banco Central, se pidió librar una circular a todas las entidades financieras para que informen: “Cuentas y Movimientos”, es decir extractos de cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos y dólares, detallando fechas, conceptos, montos y CBU de origen/destino de todas las transferencias.

Respecto a las inversiones y créditos del hermano del Jefe de Gabinete, se solicitó un detalle de plazos fijos, fondos comunes de inversión, compra de moneda extranjera u oro, y especialmente el historial de créditos hipotecarios y prendarios.

La fiscalía busca información sobre cajas de seguridad, esto es: Registro de visitas, apoderados y tamaño de las cajas contratadas. Una copia de la documentación que presentó ante los bancos para justificar el origen de sus fondos (cumplimiento de normativa antilavado).

Se busca identificar cualquier activo registrado a su nombre desde 2020: Por eso se pidió documentación sobre inmuebles registrados a su nombre: Titularidad, porcentajes, formas de adquisición y gravámenes (hipotecas) constituidos o cancelados.

Mismo rastreo se realiza respecto a automotores: Historial de compras y ventas de vehículos, montos de las operaciones y cédulas de autorización para conducir otorgadas a terceros.

Para contrastar el patrimonio con los ingresos legítimos, se requirió al Ministerio de Defensa, el legajo personal de Adorni, copias de los actos administrativos de sus designaciones desde 2023 y el detalle pormenorizado de sus haberes percibidos.

En esta misma línea, a la Oficina Anticorrupción se le ordenó la remisión de las Declaraciones Juradas Patrimoniales (públicas y sus anexos reservados) presentadas desde que ingresó a la gestión pública.

A la Dirección Nacional de Migraciones, el fiscal Marijuan solicitó el historial de entradas y salidas del país. En el caso de tránsitos terrestres, se solicitó identificar a los acompañantes de los vehículos utilizados.

En este mismo orden, a la UIF se le pidió un informe de colaboración que incluya información financiera, societaria y posibles antecedentes por investigaciones penales o administrativas.

La duda sobre movimientos de fondos se extiende a empresas de “Envío de Dinero”, motivo por el cual se solicitó informes a Western Union, Correo Argentino y similares sobre giros realizados o recibidos.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

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